Si son malas, hay que aumentarlas ...
El campo ¿perdió la batalla ideológica?
Si bien la política del gobierno, decididamente contraria al
sector agropecuario, comenzó mucho tiempo antes, fue recién en marzo de 2008 -con
la sanción de la resolución 125- cuando el conflicto estalló con fuerza.
A partir de ese momento, en declaraciones públicas de
dirigentes del agro, o bien de políticos afines al sector, fue bastante frecuente
escuchar aseveraciones tales como “… el
actual nivel de las retenciones es excesivamente alto …”; “… las retenciones deben bajar …”; o bien
“… es necesario tener un nivel de
retenciones razonable …”.
Si bien son declaraciones –aparentemente- favorables al campo,
no se está cuestionando el instrumento (las retenciones) sino sólo su
“supuestamente alto” nivel. En esas declaraciones se esconde, entonces, un
prejuicio ideológico -claramente contrario a los intereses del país- que se
arrastra desde la época del primer gobierno peronista: que el campo debe
subsidiar a la industria y a los servicios.
Las retenciones constituyen lisa y llanamente un impuesto
a la exportación ineficiente, regresivo y altamente distorsivo. Por lo
tanto, no existe un “nivel razonable” para las mismas, sino que directamente
deberían desaparecer. El sector agropecuario que, por muy lejos, es el más
competitivo y eficiente de la Argentina, y el que se encuentra en mejores
condiciones de competir con el extranjero, es también, curiosamente, el más
castigado.
Pero sería injusto que se acusara de esta situación
únicamente al gobierno, también en la oposición hay muchos que comparten esa
forma de pensar. Y ambos grupos cuentan con el soporte “académico” de una serie
de economistas progresistas, proclives a la aplicación de retenciones, como por
ejemplo las del nefasto “Plan Fénix” de la Universidad de Buenos Aires. A poco
de analizar sus explicaciones se verá que son falaces. Las analizaremos a
continuación.
Primera explicación: “ … la
razón de ser de las retenciones es que el estado pueda apropiarse de parte de
la ganancia extraordinaria del sector …”. Digamos en primer lugar que no
existen las ganancias “extraordinarias”, sólo existen las ganancias “a secas”.
Y ya hay un impuesto que las grava, que es, justamente, el impuesto a las
ganancias. ¿O acaso, cuando un club de fútbol transfiere al exterior a uno de
sus jugadores estrella en decenas de millones de dólares, a alguien se le ocurre
aplicarle una retención a esas “ganancias extraordinarias”?
Y si, en algún
momento muy excepcional (como el que se observó inmediatamente después de la
megadevaluación del 2002) el productor agropecuario hubiera tenido una ganancia
que pudiera ser calificada como “extraordinaria”, el impuesto a las ganancias
por sí sólo se habría podido encargar perfectamente de capturar esa renta. Es
de destacar que, aún cuando en algún momento hubieran podido existir esas
ganancias “extraordinarias”, al poco tiempo ya dejaron de serlo porque los
precios de los granos, labores e insumos de la siguiente campaña acompañaron
hacia arriba la suba del precio de los commodities.
Y sin embargo, las retenciones, no sólo continuaron sino que se incrementaron.
El impuesto a las ganancias es progresivo, con lo cual
permite discriminar entre la situación de un productor pequeño y de uno grande.
Permite, además, contemplar la reinversión de utilidades, la amortización de
los bienes de uso, el establecimiento de exenciones o deducciones, para el caso
que se deseara promover alguna zona en particular o se deseara contemplar
alguna situación climática excepcional. En fin, es infinitamente mejor que las
retenciones.
Además, y a diferencia de las retenciones, el impuesto a las
ganancias no desestimula la producción, porque, como es obvio, se aplica sólo
cuando las ganancias existen. Con la existencia de retenciones, los productores
se ven obligados a concentrarse en los cultivos más rentables, con lo cual la
pretendida “sojización” es consecuencia y no causa de las mismas.
Sin embargo, a pesar de las evidentes ventajas del impuesto
a las ganancias, en términos políticos adolece de un grave defecto: debe coparticiparse
entre las provincias mientras que las retenciones no. ¿no será este el
verdadero motivo detrás de las mismas?.
Segunda explicación: “ … introduce
un tipo de cambio diferenciado que favorece un desarrollo armónico de agro e
industria, transfiriendo al conjunto de la economía la ventaja comparativa
agrícola …”. Es cierto que introduce un tipo de cambio diferenciado, pero
“en contra de” el campo y no “a favor de” la industria. La “ventaja comparativa agrícola” es captada
por el estado y utilizada para sostener su gasto altamente ineficiente y
prebendario. Está demostrado hasta el hartazgo que la forma de promover la
industria no es a través del establecimiento de tipos de cambio diferenciales
sino promoviendo la inversión con reglas claras y estables, aumentando el
crédito y bajando los impuestos distorsivos. Nada de esto se logra a través de
las retenciones, sino todo lo contrario.
Tercera explicación: Las retenciones al agro favorecen “ … la apropiación social de la renta proveniente
de recursos naturales …”. Este planteo retrógrado es ciertamente muy grave
porque implica un desconocimiento absoluto del negocio agropecuario. No se
puede tratar al agro con los mismos criterios que una pura actividad extractiva
como la minería o el petróleo. En esos casos estamos ante recursos no
renovables y es razonable que se quiera captar una parte de la renta a través
de regalías. La renta de la actividad agropecuaria, por el contrario, no
depende sólo del factor tierra. Es más, con las últimas innovaciones
tecnológicas, el factor tierra no sólo no es el único sino que además casi ha
dejado de ser el más importante. El increíble aumento de los rindes en las
últimas décadas se debe al cambio en la forma de trabajar la tierra (como la
siembra directa) así como a la incorporación de nuevas tecnologías, en algunos
casos muy avanzadas (ingeniería genética, fertilizantes, plaguicidas, mapeos
satelitales, etc.etc.) lo que implica que el negocio agrícola de hoy en día requiera
disponer y arriesgar de un nivel de capital muy importante.
Ese es el motivo detrás del auge de los arrendamientos
agrícolas de los últimos años. La falta de capital suficiente por parte de los pequeños
y medianos productores, para poder encarar el negocio en forma rentable con estas
nuevas reglas de juego. Sin embargo, eso no fue obstáculo para el crecimiento
de la producción, sino todo lo contrario. La creciente utilización de nuevos
instrumentos jurídico-financieros, tales como los fideicomisos financieros y
los llamados pooles de siembra,
posibilitó la asociación de dueños de la tierra, productores, contratistas e
inversores, que pudieron así encarar el negocio en forma conjunta. Y
posibilitó, además, que una parte importante del capital que antiguamente se
destinaba sólo a inversiones de tipo especulativo, se vuelque ahora al negocio
agrícola.
Las retenciones, al reducir severamente el precio final al
que pueden acceder los productores, limitaron las ganancias en forma
indiscriminada lo que terminará –lamentablemente- destruyendo este círculo
virtuoso.
Además, provocaron necesariamente la virtual desaparición de
los emprendimientos más pequeños y favorecieron así la concentración de los
negocios. De este modo, en vez de luchar contra la concentración económica
–latiguillo infaltable en todo discurso político oficialista- el gobierno termina
alentando un modelo que logra exactamente lo contrario. Cosa que no nos
sorprende. Desde hace mucho tiempo el gobierno nos tiene acostumbrados a hacer
exactamente lo contrario de lo que necesita nuestro país.
Por lo tanto, es necesario terminar con ambigüedades y decir
las cosas claramente. La “defensa de la
mesa de los argentinos” fue una mentira de patas muy cortas. Las
retenciones no se pensaron para eso, sino para sostener el creciente gasto
improductivo del gobierno (el déficit de Aerolíneas Argentinas, el “fútbol para
todos” y una larguísima lista que el lector seguramente conoce a la perfección).
No hay país desarrollado o en vías de serlo que las tenga. Las retenciones no
deben bajar, sino que deben desaparecer. Los dirigentes del campo deben
explicar los motivos para ello y pedirlo así, claramente. Si no lo hacen,
correran el riesgo de perder la batalla ideológica.
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